Cuando lo excepcional se hace costumbre

Hola! Antes que nada, gracias por estar acá.
 

Hace unas semanas, en las redes hubo un pico de conversación sobre los noventa: se había lanzado la serie Menem y a todos les despertó algo. En lo particular, una escena que me quedó dando vueltas en la cabeza es del capítulo 4. Cavallo, charlando con su secretario, duda: ¿convertibilidad por DNU o por ley? Al final, por consejo del secretario, elige el Congreso, porque así la medalla se la colgaba él y no Menem. Más allá de la anécdota de ficción, la escena retrata perfectamente algo muy real: cómo, a veces, se elige la herramienta del Estado que más conviene, no la que corresponde. Esa lógica se repitió en gobiernos de todos los colores y nos dejó un problema serio: los DNU, que nacieron para casos excepcionales, terminaron siendo un atajo para esquivar el debate democrático. Treinta años después, con la institucionalidad en modo frágil, y la participación ciudadana en pisos históricos, quizás sea hora de preguntarnos en serio si no llegó el momento de ponerles un límite claro.

 

Si trasladamos este debate a Santa Fe, la cosa cambia. Acá, la Constitución no contempla el DNU. Y eso, lejos de ser un capricho jurídico, es una garantía de que las decisiones importantes pasen por el debate en la Legislatura, con transparencia y controles. Incorporar los DNU en nuestra provincia sería dar un paso atrás en división de poderes y calidad democrática. y, teniendo en cuenta la historia del DNU a nivel nacional, al menos deberíamos debatir si no es conveniente prohibirlos. Repasemos.

 

La experiencia nacional muestra por qué es peligroso: desde que en 1994 los DNU quedaron oficialmente escritos en la Constitución, los distintos gobiernos firmaron casi 900. Muchos sin “necesidad” ni “urgencia” reales, pero sí con la comodidad de esquivar el Congreso. El DNU se uso para cosas tan tontas cambiar nombre de instituciones o cambiar feriados de día, como para cuestiones inconstitucionales como restringir un derecho constitucional como el derecho de huelga o mover fondos reservados para Inteligencia (por las dudas lo recuerdo: fueron 100 mil millones de pesos, a sola firma, asignada a una caja opaca y sin control).

 

Y antes de la reforma del 94, la Corte Suprema ya había abierto la puerta con fallos como el caso Peralta en 1990, donde validó un decreto que afectó depósitos bancarios porque, según dijeron, no había tiempo de convocar al Parlamento (!). No es la primera vez que hacemos algo “solo para casos excepcionales” y lo excepcional se hace costumbre.

 

En Santa Fe necesitamos no copiar ese vicio. Tenemos herramientas para responder a emergencias sin que un gobernador legisle por su cuenta. Meter los DNU en nuestra Constitución sería habilitar gobiernos de trazo grueso, menos transparentes y sin el contrapeso que garantiza la democracia. Gobernar por decreto no es modernizar el Estado: es debilitarlo.

 

En la serie Menem, Cavallo elige la ley para quedarse con el crédito político. En la vida real, muchos otros eligieron el DNU para evitar discusiones incómodas. La diferencia entre esas dos decisiones es, justamente, lo que define la calidad de nuestra democracia. Si queremos una Santa Fe moderna y fuerte, necesitamos reglas que nos protejan del atajo fácil.

 

Y ya que estamos hablando de política, historia y ficción, me encantaría que me recomienden libros, series, pelis o documentales para seguir pensando -y debatiendo- sobre la justicia, el poder, sus límites y sus excesos, o de lo que tengan ganas. Los leo en mi correo, acá abajo.

  

Con cariño,
Lione.