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REFORMA CONSTITUCIONAL

El 2025 nos dejó una experiencia política excepcional en Santa Fe: la oportunidad de participar de un proceso histórico de reforma constitucional. No fue un trámite ni una formalidad: fue un trabajo enorme, serio y responsable, que nos ocupó meses de preparación, semanas de debate y días larguísimos de análisis técnico, audiencias públicas y discusiones abiertas.

 
Todo comenzó en diciembre de 2024, con la sanción de la Ley de Necesidad de la Reforma. A partir de ahí, junto a Usina Social impulsamos un espacio de diálogo abierto y plural para pensar, junto a la ciudadanía, los cambios que Santa Fe necesitaba en su marco constitucional: Compromiso con la Reforma.
 
A través de este ciclo de encuentros convocamos a especialistas, organizaciones sociales, referentes institucionales y personas interesadas en el debate público para abordar temas centrales para el presente y el futuro de la provincia: derecho a la ciudad, ambiente y desarrollo sostenible, autonomía municipal, salud, derechos de la infancia, ciencia e innovación.
 
En abril de 2025 elegimos a las y los convencionales constituyentes y, entre el 14 de julio y el 12 de septiembre, atravesamos un período de trabajo intenso y casi cotidiano: comisiones, Comisión Redactora y luego el debate en el recinto. Más allá de las diferencias políticas, hubo algo fundamental: todas las fuerzas entendimos que estábamos ante una oportunidad única. Si hacíamos bien las cosas, Santa Fe podía dar un paso institucional decisivo para ordenar la provincia de cara a los próximos 30 o 40 años.
 
No fue fácil instalar este tema en la agenda pública: en tiempos de urgencias y de velocidad, una discusión constitucional parece lejana. Pero lo cierto es que teníamos una Constitución sancionada en el ´62 y si entendemos que una carta magna define cómo pensamos las políticas públicas, cómo distribuimos responsabilidades, qué derechos priorizamos y qué controles garantizamos, ese debate —profundo, técnico, democrático— era indispensable.
 
La reforma que logramos refleja ese espíritu. Incorpora más transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, habeas data, mecanismos de control ciudadano y criterios de acción positiva. Todo producto del diálogo, del consenso y de la escucha: audiencias públicas, participación social y la convicción de que una Constitución se construye con pluralidad, no con imposiciones. Hoy podemos decir que tenemos una mejor Constitución, fruto de un entendimiento colectivo que hoy vale oro.